Denisse Cejudo Ramos

IISUE-UNAM / denisse.cejudo@gmail.com

La academia moderna fomentó la distinción entre los campos del conocimiento y la práctica política, en este marco la supuesta neutralidad de la ciencia y la educación se presentaron como condiciones para alcanzar la objetividad. A pesar de que esta perspectiva ha sido evidenciada como dicotómica, excluyente y poco eficiente para explicar las realidades concretas, las epidemias del siglo XXI han mostrado la vigencia de esa frontera artificial -no en el sentido peyorativo sino como un constructo humano- entre los campos referidos.

            En abril 2009, tras la declaración de la emergencia sanitaria por la influenza A(H1N1) en México durante el gobierno de Felipe Calderón, el secretario de salud José Ángel Córdova minimizó los efectos que este virus acarrearía y evitó dar explicaciones sobre la sintomatología, su posible incidencia en la mortalidad o sobre las condiciones del sistema de salud para enfrentarlo. Pero un día después se declaró la alerta epidemiológica provocando desconcierto entre la población por el repentino cierre de escuelas, espacios públicos y el llamado del gobierno federal para quedarse en casa. En este confuso escenario aparecieron actores del ámbito científico posicionándose a través de notas de prensa y programas televisivos que insistieron en hacer inteligibles a la sociedad mexicana las condiciones clínicas, así como los posibles efectos sociales, psicológicos y económicos que no aclaraban los políticos a cargo.

            Se inició así una discusión entre la visión técnica representada por los científicos insertos en las instituciones de salud pública, otros en instituciones educativas y los funcionarios de alto nivel que tomaron las decisiones. Una de las polémicas fue la posición sobre la compra de pruebas rápidas para detectar el virus que los técnicos aseguraron no tenían la calidad requerida y que principalmente no aportaban certidumbre para el seguimiento epidemiológico, el gobierno federal decidió no seguir sus recomendaciones y decretó la compra sin licitación de estos insumos.

            Durante la epidemia los funcionarios alegaron que la poca claridad sobre las cifras y la ocupación hospitalaria era producto de la falta de precisión técnica, delegando con ello las responsabilidades a los científicos. Hasta ahora no tenemos certeza de lo sucedido pero lo que sí puede verse, a través del discurso periodístico, es una disputa constante de los medios académicos y científicos frente a las decisiones políticas. Uno de los actores centrales expresó años después que las acciones del gabinete de Calderón fueron tomadas por el miedo y la política, siempre desdeñando la técnica.

            Una década más tarde, durante la pandemia por COVID-19, surgen de nuevo estos argumentos. El presidente Andrés Manuel López Obrador cedió la responsabilidad de las decisiones a los técnicos asumiendo una separación de los dos campos y construyendo con ello una frontera artificial que sugiere la primacía de uno sobre otro. Cancelar la posibilidad de su relación en lo discursivo se contradice con la práctica cotidiana que visibiliza tensiones constantes. La construcción de la frontera puede resultar tan dañina como asumir que ciencia y política estén unificadas en una posición ideológica estática, lo más productivo sería suponerlos como campos dinámicos de ejercicio del poder que se encuentran en una constante interacción.